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El silencio no es un consentimiento en la Ley sobre Libertad Sexual

El silencio no es un consentimiento en la Ley sobre Libertad Sexual

La Ley sobre Libertad Sexual incluye avances en la protección legal de la mujer ante las violaciones y en otro tipo de delitos sexuales que atenten contra su vida, su integridad y su estado mental. Uno de los pilares del proyecto es que todos los delitos sexuales se regulan a partir de la falta de consentimiento, no de si existe violencia e intimidación.

El texto especifica que en el caso de que la víctima se oponga de gesto o palabra, o permanezca callada es considerado como un ataque a la libertad sexual. Esta inclusión va en concordancia con el Convenio de Estambul, ratificado por España hace seis años. Y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.

La también llamada Ley del “solo sí es sí” apunta a que se acabe con la diferencia en el Código Penal entre agresión y abuso sexual. Uno de los cambios más debatidos desde el caso de La Manada en 2016, que conmocionó a la sociedad española. En este sentido, el proyecto propone un único delito de agresión con agravantes como la violación en pareja o el uso de fármacos para anular la voluntad de la víctima.

Eliminada la definición de abuso sexual

El proyecto legislativo, aprobado en marzo por el Consejo de Ministros, es objeto de debates y de modificaciones. Entre los nuevos planteamientos elimina del Código Penal la definición de abuso sexual. Un aspecto en el que hubo acuerdo desde el principio para dejar claro que lo que marca el delito no es la violencia del agresor, sino la concurrencia de la víctima.

Definir el consentimiento pretende un cambio de paradigma, dejar en claro que callar no significa consentir, de ahí el solo sí es sí.

En la plataforma epdata se observa que después de cuatro años consecutivos de cifras alarmantes y crecientes de violaciones, en 2020 hubo una ligera baja. Se desconoce si está asociado a la pandemia o a las campañas de concienciación públicas y privadas.

Lo cierto es que en el primer semestre de 2016, el número de violaciones denunciadas en España se ubicó en 590. En igual período de 2017, en 610; 2018 en 790 y 2019 en 800. En 2020 se reportaron 783 casos.

Alcances de la Ley sobre Libertad Sexual

El cambio en la Ley sobre Libertad Sexual es interpretado como un avance, pero no una panacea. La catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña, Patricia Faraldo, señala que el cambio cumple una función de pedagogía social.

“Si antes el silencio significaba consentimiento tácito y disponibilidad del cuerpo femenino, ahora supone negativa e indisponibilidad de ese cuerpo. El silencio no es acuerdo ni consentimiento”, explicó.

Fernando R. Santocildes, presidente de la subcomisión de violencia sobre la mujer del Consejo General de la Abogacía Española, considera que la nueva definición exige una manifestación por actos concluyentes e inequívocos. «Puede complicar el recorrido para los agresores y hacerlo menos arduo para las víctimas», advierte

“El acusado la tiene más difícil acreditar que hubo consentimiento respecto a lo que existe ahora. Hasta ahora se decía ‘el que calla otorga’, pero en esta materia quien calla no otorga. Otorga quien ha dicho que sí. Habrá una menor victimización porque no pesará sobre las mujeres un exceso de carga probatoria”, añade.

Antecedentes legales en protección a los derechos de la mujer

En España se han dado avances en defensa de los derechos de la mujer en todos sus ámbitos, personal, laboral, intelectual. La Ley sobre Libertad Sexual busca dar cumplimiento a las obligaciones globales en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres frente a las violencias sexuales.

La Constitución plantea saltar los obstáculos para la prevención de estas violencias. Así como para garantizar una respuesta adecuada, integral y coordinada que proporcione atención, protección, justicia y reparación a las víctimas.

En consecuencia, la ley extiende y desarrolla para las violencias sexuales todos aquellos aspectos preventivos, de atención, sanción, especialización o reparación que, estando vigentes para otras violencias, no contaban con medidas específicas para poder abordar de forma adecuada y transversal las violencias sexuales.

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