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Cualquier análisis sobre el petróleo debe considerar lo que está sucediendo en los ámbitos climático, geopolítico y tecnológico, de los que a su vez se derivan las principales consecuencias en materia de regulación que determinan su evolución. A ello se debe añadir el seguimiento de un mercado profundamente impactado por la crisis económica consecuencia del Covid-19, sus efectos sobre la oferta y demanda de petróleo y energía, y sobre esos tres parámetros.

En materia climática, como europeos, el escenario es el del cumplimiento de los objetivos más exigentes de reducción de emisiones de CO2 marcados por la Cumbre de París, que deben servir para lograr tres objetivos estratégicos: la oportunidad para que la UE recupere el peso perdido en las últimas décadas en un escenario internacional en profunda transformación; situar el desafío tecnológico e industrial en el corazón del proyecto europeo y evitar el riesgo real del declive de Europa frente a otras geografías económicas; y construir definitivamente la Unión Energética Europea, imprescindible para lograr la transición energética.

Desde una dimensión global y geopolítica, lo sucedido este mes de octubre en el vecindario europeo: conflicto de Nagorno Karabaj, la tensión en el Mediterráneo Oriental entre Turquía, Chipre y Grecia –entre otros–, Libia, o la frágil estabilidad de Argelia de la que la de España es subsidiaria, no es ajeno a los hidrocarburos. En materia de emisiones, la gran novedad ha sido el anuncio realizado por China este mes en la Asamblea General de Naciones Unidas de que aspira a alcanzar su máximo de emisiones de CO2 antes de 2030, y a alcanzar la neutralidad total en carbono antes de 2060, adelantando y dando un vuelco a su propio calendario.

Este anuncio ha avivado el debate acerca de si la pandemia y la recesión económica que ha provocado podrían haber acelerado el cambio tecnológico en el sector energético. Porque, ¿qué está sucediendo en el ámbito tecnológico? En la carrera por la reducción de emisiones, la mejora de la competitividad y el mantenimiento de la capacidad industrial y de lo que de ella depende –empleo de calidad, capacidad fiscal y bienestar– compiten industrias, agentes y tecnologías en un tiempo de gran complejidad que exige audacia innovadora, transparencia y buena regulación. En este marco, el petróleo no sólo es un combustible, también es la materia prima básica de una amplísima gama de materiales de todo tipo. En los países de la OCDE las empresas del sector petrolero están inmersas en ambiciosas estrategias de conversión en multienergéticas, al tiempo que gracias a su capacidad tecnológica y dimensión gestionan proyectos de reducción de emisiones. En este contexto dos son los grandes debates abiertos hoy para el sector. Por un lado, el de la «neutralidad tecnológica» en la transición para que la ruta de descarbonización sea la más coste-eficiente y no sea determinista –desarrollando tecnologías de captura de emisiones (CCUS), por ejemplo, u otras como el hidrógeno que hace poco tiempo parecían tecnológicamente inaccesibles–. Por el otro, el de las emisiones brutas o netas, tomando en cuenta el ciclo de vida industrial completo y todas y cada una de las emisiones.

Aún es pronto para saber realmente si el Covid-19 ha acelerado el cambio tecnológico. El Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia debería dotar los instrumentos necesarios para su potencial financiación antes inexistentes. Hasta que lo sepamos con seguridad, sólo podemos adelantar que el mercado del petróleo, como tantos otros, se recuperará cuando superemos la crisis sanitaria y la económica que ha generado. Mientras, debemos acertar con nuestra regulación, porque el futuro del planeta y nuestro futuro como europeos con un modo de vida socialmente sostenible y de bienestar, dependen de ello.

Juan Moscoso del Prado es director de Deusto Asuntos Globales (Deusto Business School)

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