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El Supremo da la razón a las escuelas católicas por los recortes de la Generalitat Valenciana a la concertada

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El Tribunal Supremo ha dado la razón a las Escuelas Catolicas de Comunidad Valenciana en su litigio contra la Generalitat por sus recortes en 2017 a la Educación concertada en Bachillerato y Ciclos Formativos, según han informado fuentes de estos centros.

El fallo del Alto Tribunal desestima los recursos de casación interpuestos por el Gobierno de Ximo Puig y ratifica las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que daban la razón al sector, al señalar que el reglamento autonómico no puede contradecir el RNBCE sobre la posibilidad de renovar conciertos en niveles no obligatorios.

«Está claro, cuando la Conselleria hizo la norma autonómica no podía ir en contra de una norma básica de ámbito estatal», han señalado fuentes jurídicas de Escuelas Católicas. La consecuencia de esta medida fue que cada cuatro años, el centro concertado «partía de cero, y eso es ilegal», a la hora de tramitar su oferta educativa.

A su juicio, «es un tema totalmente político, disfrazado de norma jurídica y cosa de Compromís, que lo tenía en su acuerdo de Gobierno del Botànic, no quería concertar nada».

Aulas llenas

El perjuicio ocasionado en aquel momento fue más allá de los centros, ya que afectó también a las familias. «Las aulas que quitaron tenían todos los alumnos, estaban llenas, si no hubieran tenido estudiantes, se entendería la medida», subrayan las mismas fuentes.

La prueba también del trasfondo político es que el concierto de Bachillerato y Ciclos Formativos con la concertada lo instauró el PP en el poder, por eso, cuando los nacionalistas llegaron al Consell, estaban determinado a tumbarlo.

Después de esta sentencia, ahora llegarán más porque más de una decena de centros denunciaron el mismo asunto y en todos se cumplen los mismos requisitos. «Se hizo para forzar a los alumnos a que se fueran a los institutos públicos, aunque no tenían necesidad de crear aulas públicas, no había demanda objetiva», han señalado.

Esta batalla judicial, además, ha ocasionado un gasto público, no solo jurídico, sino también en costas judiciales, de 2.500 euros por cada sentencia en primera instancia, antes de llegar al Supremo.

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