Economía

Las ‘revolving’ saltan fuera de la banca: admitida la primera demanda colectiva contra Carrefour

Dependienta en uno de los hipermercados Carrefour.

Un juez analiza si el grupo introdujo clusulas abusivas con falta de transparencia en los contratos de sus tarjetas de crdito.


Dependienta en uno de los hipermercados Carrefour.

La batalla jurdica por las ‘revolving‘ salta del terreno bancario y afecta ya a uno de los mayores grupos de distribucin que operan en Espaa. El juzgado de lo mercantil nmero 14 de Madrid notific hace unos das a Carrefour que ha admitido a trmite la demanda colectiva presentada por la asociacin de usuarios financieros Asufin contra varias de las clusulas recogidas en los contratos de tarjetas de crdito que comercializa el gigante francs.

La plataforma pide la anulacin, en concreto, de cuatro condiciones al considerar que son abusivas y hay falta de transparencia y proporcionalidad en su aplicacin. Estas disposiciones afectan a las penalizaciones en el caso de impagos por parte de los deudores, la resolucin por el vencimiento anticipado del prstamo, la imputacin de pagos para la satisfaccin de la deuda y las formas de pago y el tipo de inters de la tarjeta.

La demanda abre un nuevo frente judicial por las tarjetas ‘revolving’ tras la sentencia del Supremo del pasado mes de marzo. El Alto Tribunal limit el coste de estas tarjetas al considerar que se produce «usura» en casos donde los intereses superan en ms del doble al ndice que publica el Banco de Espaa y reforz la proteccin de los consumidores en la comercializacin de estos instrumentos. Se trata de la segunda accin colectiva emprendida por Asufin tras la demanda interpuesta contra CaixaBank, tambin admitida a trmite el pasado mes de junio.

El objetivo de Asufin es que estas clusulas se declaren nulas y se retiren del mercado, no solo en las miles de tarjetas que comercializa Carrefour. «La entidad comercializ los crditos y prstamos sin informar adecuadamente del coste econmico que supone la aplicacin de dichas clusulas en el sistema de amortizacin del prstamo y del mtodo de funcionamiento del mismo», argumenta la demanda.

Los abogados que representan a Asufin consideran que Carrefour no facilit a los clientes informacin suficiente sobre la naturaleza y repercusin econmica de las clusulas al no incluir un cuadro de amortizacin con detalles y simulaciones de funcionamiento. Esto, a su juicio, imposibilit la comparacin con otros productos y limit la competencia.

La demanda no cuantificada la cantidad demanda a la empresa ya que esto depender en todo caso del nmero de afectados que se puedan sumar al proceso. Lo nico que pide es que se proceda al reclculo de los prstamos emitiendo un nuevo cuadro de amortizacin de cada afectado y si eliminen las clusulas afectadas de los contratos.

«Recalculados los cuadros de amortizacin, se tienen que imputar al mismo todas las cantidades abonadas hasta el momento por los consumidores y, para el caso de que dicha cantidad sea superior a la deuda contrada, la entidad tendr que devolver al consumidor el exceso, actualizado con los correspondientes intereses legales», seala.

A pesar de no ser un banco, Carrefour es una de las empresas con mayor nmero de tarjetas emitidas a travs de su sociedad financiera. El grupo se vale de su amplio dominio en el mercado de la distribucin espaola, con unas ventas de 4.204 millones de euros en el primer semestre del ao. Esta cifra es un 3,2% superior a la del mismo semestre del ao anterior impulsada por los abastecimientos masivos realizados por los hogares durante los meses de confinamiento. Espaa es su tercer mercado por tamao, despus de Francia y Brasil.

Sin embargo, el grupo de hipermercados y supermercados adverta en su ltimo informe de resultados semestral de un deterioro de los crditos que concede a sus clientes mediante la financiera como consecuencia de la pandemia sanitaria, con Espaa a la cabeza. «El incremento afecta principalmente a Brasil y Espaa y, en menor medida, a Francia», avisa. La compaa tuvo que reajustar estas carteras ante la imposibilidad de iniciar procesos de recobro por la moratoria crediticia aprobada por el Gobierno durante el estado de alarma.

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