Economía

ya le deben casi 200.000 millones de euros

Roberto Pérez


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El disparado agujero de las autonomías se ha convertido en una losa creciente para el Estado por la vía de los denominados «Mecanismos Extraordinarios de Financiación» (MEF), también llamados de forma global Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas -en el que, entre otras líneas de préstamo, se incluye el famoso FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica-. En apenas seis meses, del 1 de enero al 30 de junio de este año, las autonomías le han endosado a la Hacienda estatal 8.182 millones de euros de deuda. Récord absoluto. Velocidad de vértigo: casi 8.200 millones de agujero presupuestario generado por los gobiernos regionales en solo seis meses y que ha acabado en manos del Gobierno central.

Las autonomías -con Cataluña al frente- ya le deben al Estado casi 200.000 millones por el dinero que les ha ido prestando desde hace ocho años. Supone el 62% de toda la deuda regional, que supera los 300.000 millones en total. Y la cifra suma y sigue a vertiginoso ritmo, empujada por la crisis.

Desde 2012, los gobiernos regionales acumulan números rojos con la tranquilidad de que ese déficit lo cargan a espaldas de la Hacienda estatal. Es una trampa al solitario porque, en términos reales, todo acaba siendo deuda pública de España. Pero las CCAA traspasan el problema al Gobierno central, convertido así en su prestamista de confianza, que alimenta con generosidad la deficitaria maquinaria autonómica y el que, llegado el caso, tiene que asumir el desgaste político de enjugar esos sobrecostes con subidas de impuestos.

Cuando lanzó el FLA, el entones Gobierno del PP dijo que iba a ser un salvavidas pasajero que, además, iba a embridar las cuentas de las comunidades más incumplidoras -a cambio de dinero, ajustes-. Ocho años después, queda clarp que no ha sido herramienta pasajera ni ha metido en severa cintura.

Deuda en bucle y creciente

Al final, el que ha quedado atrapado es el Gobierno central. Es tal el volumen de deuda autonómica que ya está en las espaldas de la Hacienda estatal que al Gobierno le resulta cada vez más complicado romper amarras. Eso le lleva a prestarles sistemáticamente más dinero: les refinancia la deuda arrastrada y les presta el extra que necesitan para enjugar su recurrente déficit, mes tras mes, año tras año. Por eso, las autonomías cada vez deben más dinero al Estado.

El País Vasco y Navarra son las únicas que no se han acogido a estos préstamos con los que el Estado riega al resto de autonomías desde 2012. Los privilegiados regímenes forales de financiación vasco y navarro les garantiza sistemáticamente ingresos extra, y no han necesitado recurrir al FLA ni al resto de los mecanismos extraordinarios del Fondo de Financiación de las CCAA.

De cara al próximo año, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recomendado a las CCAA no pasar de un 2,2% de déficit en términos de PIB. Y ha garantizado que un 1,1% se lo financiará el Estado. Con las cuentas que echa Moncloa, eso supondrá cargarse, como mínimo, con otros 13.400 millones de euros de deuda autonómica en 2021. ¿Y cómo financiarán las regiones la millonada de todo el déficit no cubierto por el Estado? La ministra lo deja en el aire, lo que podría abocar a las comunidades a buscar dinero en los mercados financieros, como lo hacían antes de 2012. Se enfrentarían a la temida prima de riesgo, según la mayor o menor solvencia de cada una de ellas -Cataluña cayó en el descrédito hace años y se le cerraron las puertas de los mercados financieros-.

Riesgo para la economía

Pese a la duda sembrada por la ministra, el economista Juan de Lucio, profesor-investigador de la Universidad de Alcalá, cree que al final será la Hacienda estatal la que, un año más, correrá con toda -o casi toda- la deuda de los gobiernos regionales.

«El Banco Central Europeo ha dicho que va a haber liquidez, y mientras eso ocurra el Estado podrá seguir financiando a las autonomías», explica. Pero si el BCE cerrara el grifo, el problema será de calibre, no ya para las autonomías sino para España como país.

Rafael Pampillón, profesor del IE Business School, aboga por acabar con esa continua deuda autonómica a espaldas del Estado. «Es un modelo injusto que traslada al conjunto de los españoles la falta de rigor presupuestario de uno u otro gobierno regional». Y además -afirma-, conlleva un riesgo para el país, tanto en términos económicos directos como de credibilidad exterior ante quienes nos prestan el dinero. Pampillón está convencido de que los socios europeos van a escrutar nuestra estructura de gasto ante la insistente petición de dinero del Gobierno de Sánchez. Y los desequilibrios del déficit y la deuda autonómicas no van a ayudar precisamente ante la UE.

«A cada palo, su vela»

Rafael Pampillón considera que se debería atajar esta suerte de barra libre financiera que el Estado sirve a las autonomías. «Que cada palo aguante su vela, porque no puede ser que los gobiernos regionales sean autónomos en el gasto pero no en los ingresos. Deben corresponsabilizarse de sus ingresos, y todo exceso de gasto público en el que incurran por encima de los límites aceptados para todas las comunidades, que los cubran cobrando más impuestos a sus ciudadanos o recortando el gasto».

Juan de Lucio coincide en esta misma receta general, aunque reconoce que, en este momento concreto, la grave crisis económica no recomienda subir impuestos. Pero sí una revisión en profundidad de los gastos, que libere recursos en lo secundario para centrarlos en los servicios prioritarios y en incentivar la competitividad del tejido productivo.

Sobre si hay riesgo de que esta deriva acabe sumiendo al país en una crisis de deuda -con un horizonte de recortes severos o rescate-, De Lucio cree que es un peligro cierto. «Si no se corrigen los excesos de gasto actuales, es probable que se avecine una crisis de deuda más pronto que tarde», advierte. Sobre todo teniendo en cuenta el negro panorama económico: «vamos a tardar varios años en recuperar los niveles de 2019», afirma este profesor de la Universidad de Alcalá. «España debe cambiar el paradigma de la subvención por el de la competitividad», subraya.

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