España

el TSJ de Aragón prohíbe cerrar La Almunia

Roberto Pérez

Zaragoza
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La Justicia ha dado un nuevo revés a los confinamientos de municipios sin estado de alarma. Ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón, que este sábado ha tumbado el confinamiento que había ordenado el Gobierno regional para la localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina. El Ejecutivo regional promovió el cierre perimetral de este municipio, ante la alarmante propagación del coronavirus detectada hace días.

Como se ha venido haciendo hasta ahora en otras regiones –e incluso en otros municipios aragoneses-, este confinamiento local por el Covid había sido dictado en base a la ley orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Pero el TSJ de Aragón considera que esa ley no ampara limitar derechos fundamentales «a un grupo indiferenciado de personas, y mucho menos de una población entera».

Los magistrados subrayan que eso solo puede hacerse a través «del denominado derecho de excepción en algunas de sus formas». Es decir, promoviendo la declaración de los estados de alarma –el menos restrictivo-, de excepción o de sitio –el de máxima gravedad-. La declaración del estado de alarma requiere su aprobación por el Consejo de Ministros y su sometimiento al control parlamentario -en caso de prórroga, es imprescindible la autorización expresa del Congreso-.

La ley que regula estas situaciones de excepcionalidad, que data de 1981, contempla la posibilidad de establecer la declaración del estado de alarma de carácter local. Es lo que se ha hecho en Madrid y el procedimiento que el TSJ de Aragón apunta para el resto de municipios afectados de forma especialmente grave por esta pandemia. La declaración de esos estados de alarma locales es competencia exclusiva del Gobierno central –con el consiguiente control parlamentario-, que los puede aprobar por iniciativa propia o a solicitud del presidente autonómico correspondiente.

Las autoridades autonómicas, atadas

Los magistrados del TSJ de Aragón han indicado, por tanto, que en la actual pandemia de coronavirus no es legal confinar un territorio determinado con una mera orden de un gobierno autonómico.

Las órdenes de confinamiento dictadas por las autoridades regionales se vienen amparando en el artículo 3 de la Ley de Salud Pública de 1986. Pero los magistrados de lo contencioso-administrativo del TSJ de Aragón han subrayado que, «para empezar», el artículo 3 de dicha ley «habla del control de enfermedades transmisibles, no habla de acometer situaciones de crisis sanitaria, de epidemia o de pandemia». Así que, aunque solo fuera por eso, esa ley de Salud Pública no vale para dar soporte legal a un confinamiento local como el pretendido por el Gobierno aragonés para La Almunia de Doña Godina –y, por extensión, tampoco para los que se están aplicando en otros municipios con el mismo mecanismo–.

Además, el TSJ de Aragón afirma que esa Ley de Salud Pública de 1986 «habla de medidas de control de enfermos y personas relacionadas con los mismos». Es decir, «medidas siempre relacionadas con personas concretas y determinadas, identificadas e identificables», pero no las restricciones «que impliquen privación a gran escala de la libertad deambulatoria de un grupo indiferenciado de personas, y muchos menos de una población entera», como ocurre en estos casos.

El Gobierno aragonés no comparte el auto

Desde el Gobierno de Aragón han mostrado su contrariedad y desacuerdo con el auto dictado por el TSJ regional, que tumba su orden de confinamiento de La Almunia de Doña Godina. «Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón no comparten los argumentos del auto que ha emitido hoy el TSJ sobre el confinamiento de La Almunia y que difieren de los emitidos por todos los juzgados y tribunales de toda España», indicó el Ejecutivo autónomo a través de un comunicado emitido este sábado.

«El Gobierno de Aragón seguirá adoptando medidas para combatir el coronavirus y estudia fórmulas jurídicas para continuar protegiendo la salud de los aragoneses», concluyó la nota emitida por el servicio de comunicación del Ejecutivo regional tras conocerse el auto judicial de este sábado.

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