España

Los Franco creen que el caso Meirás averiguación hacer «probidad histórica»

Rafael M. Mañueco

SANTIAGO
Actualizado:07/10/2020 01:42h

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La sucesivo parada de la batalla judicial por la propiedad del Pazo de Meirás tendrá sitio, próximamente, en la Audiencia Provincial de La Coruña. La grupo Franco, en su petición de apelación, cuestiona que la sentencia del Supremo de 1ª Instancia que entregó el inmueble al Estado antepusiera «la probidad histórica» a la estricta aplicación del ordenamiento procesal, y cuestiona el obeso del resolución conocido el pasado mes de septiembre. En su opinión, la enjuiciador no se molestó en valorar el obeso de sus argumentos, ni siquiera para rebatirlos.

En opinión de los abogados de la grupo —Luis Felipe Utrera-Molina y Antonio Gil Evangelista, del despacho Hernández-Canut—, el relatorio que la enjuiciador Marta Canales hizo en la sentencia sobre el contexto histórico en que se produce la adquisición del Pazo no tiene otro sentido omitido «presentar un ambiente que acento mal, muy mal» de Franco, «del edicto que encabezó en la conflagración civil y/o del régimen político que presidió durante cerca de cuarenta primaveras», un entorno de proceder «en el que, en saco a razones históricas, políticas y/o puramente morales encaja mucho mejor una sentencia que finta la razón o resulte contraria» a los herederos del dictador.

Según se recoge en las 140 páginas del petición al que ha tenido llegada ABC, este contexto esbozado por la enjuiciador Canales «es notoriamente parcial, sesgado y tendencioso», «transmitiendo claramente la sensación de que se averiguación presentar un ambiente fáctico que tanto jurídica como, sobre todo, estética o moralmente favorezca la posición» de la Jurisprudencia del Estado. A pleito de los abogados, «exponer el mentado contexto histórico» resulta «irrelevante a los exclusivos existencias de lo que en concreto se ha de dilucidar en el presente pleito», que circunscriben de modo insistente al ámbito del derecho civil.

Incluso, se preguntan si la resolución jurídica del caso no estuvo determinada por la repaso histórica que previamente hizo la enjuiciador en su resolución —quien reconoció acaecer «comprendido» la misma a través del tomo de Babío y Pérez Lorenzo, «Un Pazo, un caudillo, un alboroto», tachado por los abogados de la grupo por su confesa parcialidad como activistas «antifranquistas»—, sin atender a los «alegatos y argumentos jurídicos» que se pusieron sobre la mesa durante el pleito.

La donación y la compraventa

Hexaedro que muchos argumentos de la defensa de los Franco quedaron sin contestar en la primera sentencia —«cualquiera podría pensar que la parte demandada ha sido vencida o derrotada poco menos que por incomparecencia», ironiza la defensa—, sus abogados ahora los reiteran y utilizan para rebatirla. En modo alguno comparten que el Pazo fuera entregado en 1938 a la Dominio del Estado en vez de a Franco como persona física, como establece la enjuiciador Canales, y consideran que la compraventa de 1941 fue válida, acertadamente por inepto de la donación de 1938, o por la exigencia de subsanar determinados vicios, como la desatiendo de licitud de la vendedora -pendiente de una proclamación de herederos para comprar el título de propiedad del Pazo- o la inexistencia de personalidad jurídica de la Corporación Pro-Pazo.

Respecto a la afirmación en la sentencia de que el Pazo se donó a la Dominio del Estado y no a Franco, los abogados se preguntan si esa habría sido la voluntad de la vendedora en el caso de vencer el edicto republicano en la Pelea Civil, toda vez que su marido y su hijo fueron precisamente asesinados en Madrid por seguidores de esta apariencia. «¿Efectivamente se nos va a opinar que las personas de la Corporación Pro Pazo tenían la intención de que este inmueble acabara en manos del Estado en todo caso o fuera cual fuera el resultado final de la contienda?». De paso, nuevo reticencia a la jueza de primera instancia, a la que le reprochan que «haya dedicado dos páginas de su sentencia a rechazar lo que nadie ha alegado», en relato a un argumento articulado sobre el artículo 811 del Código Civil profusamente empleado en el resolución.

En la sentencia, la enjuiciador Marta Canales consideró probada la donación al Estado y no a Franco por las constantes referencias al cargo del dictador, como Caudillo o Generalísimo, que en su opinión existían en el documento de donación de 1938 pero que desaparecieron en 1941, lo que a su pleito probaría la adquisición como persona física del Pazo en las escrituras de la compraventa. Pero la defensa rebate este argumento, porque en uno y otro documento las menciones a la figura de Franco se realizan «exactamente en los mismos términos». Y añaden: si la mención de las distinciones en la donación justificaron que esta se realizó al Estado, «¿por qué no se concluye que el el Estado y no Franco quien adquirió el dominio del inmueble» en la compraventa, con idénticas referencias a sus cargos? Esto no fue alegado en ningún momento por la Jurisprudencia. La defensa estima adicionalmente que las apelaciones al Generalísimo o el Caudillo no son genéricas de un Presidente del Estado sino identificativas de Franco, por lo que Meirás nunca se donó para el Patrimonio Doméstico, reiteran.

Usucapión inexistente

Adicionalmente, niegan que el Estado pudiera usucapir poliedro que nunca «poseyó como dueño», siquiera en la condición «monopolio» que exige la carta. La grupo reconoce que el Estado asumió gastos en el Pazo durante su etapa como residencia oficial, y si se produjeron excesos estos deberían ser liquidados, pero no dar pie a argumentar la usucapión. Introduce aquí un requisito para que se produzca la usucapión como es el «medio ambiente subjetivo» en la voluntad de poseer como dueño, y que entienden inexistente por parte del Estado. «¿Por qué se convirtió el Pazo en Residencia del Presidente del Estado? ¿Fue porque lo decidió Franco o porque lo determinó el Estado?». Adicionalmente, subrayan que si Meirás perdió esta condición tras la crimen del dictador en 1975 «difícilmente podrá considerarse que el que ostentara tal condición» en vida de Franco «obedeció a una determinación del Estado y no a una valor personal» de aquel.

Adicionalmente, entienden que Franco ejerció como dueño al sufragar de su «cuenta personal» las liquidaciones de IBI o los seguros, así como al poner en cobro en su proclamación de la renta los beneficios de la explotación agrícola del Pazo. A pesar de aportar los recibos, la enjuiciador consideró en la sentencia que no quedaba acreditado que Franco lo pagara de su propio pecunio. En este punto, los abogados admiten su «perplejidad» en presencia de la respuesta de la magistrada Canales. «¿Qué más puede exigirse a esta parte para reputar acreditado que fue Franco quien pagó» las primas de los seguros y el IBI rústico y urbano de Meirás?, se preguntan, para indicar que ni la Jurisprudencia ha cuestionado este hecho ni ha afirmado o acreditado que esos gastos corriesen a cargo de un tercero.

Uno de los argumentos capitales de la sentencia de Primera Instancia es que el Estado había asumido de modo amplísima los gastos de Meirás, más allá de los que pudiera implicar la adecuación del inmueble a su condición de Residencia Oficial. Se recogía, incluso, el detalle de gastos suntuarios y estéticos que en falta tenían que ver con el uso institucional del Pazo. «Suponiendo que, se hubiera incurrido en algún, digamos, exceso, lo que eventualmente podría plantearse sería una pretensión de reembolso limitada a la parte de lo ejecutado que pudiera considerarse que no obedecía al uso como «residencia oficial»», sostienen los abogados, «pero no beneficiarse tal circunstancia para sostener una «posesión en concepto de dueño»» que da pie a la usucapión. Adicionalmente, entienden que los plazos de la usucapión se vieron «interrumpidos» en cada ocasión que el Estado giraba un impuesto a Franco, ya que así lo reconocía como propietario del inmueble.

La sentencia recogía «extremos que permiten presentar un ambiente que acento mal, muy mal» de Franco, «en el que por razones históricas, políticas y morales» encaja «mucho mejor» un resolución dispuesto al Estado

Respecto a la presencia de un policía civil en Meirás hasta 1990, lo atribuyen a una «prerrogativa» de Carmen Polo en su condición de viuda del Presidente del Estado y seguidamente de su hija Carmen Franco, y no como una prueba de la presencia del propio Estado en el inmueble. «Había un policía civil en el Pazo de Meirás, como lo hubo en la finca de La Piniella, en atención a quién era su propietaro, no porque el Estado considerase que se trataba de un inmueble del cual tuviese la más mínima intención o exigencia de desplegar proceder posesoria alguna por cuenta propia», rebate el petición. De hecho, detalla, este agente —José Suárez Rozas, que testificó durante el pleito— no despachaba con sus superiores orgánicos del Cuerpo, «sino con quien era secretario personal de doña Carmen Polo».

En un dominio ya muy técnico, el petición sostiene que incluso en el supuesto en que el Estado hubiera adquirido la propiedad de Meirás por usucapión, el acertadamente podría acaecer sido recuperado mediante idéntico procedimiento por los Franco desde 1975 en delante. Según esta repaso de la defensa, el Pazo habría perdido su condición de acertadamente demanial por el de patrimonial a través de una «desafectación tácita» recogida por la derecho, derivado del deserción del acertadamente que hizo el Estado al desentenderse del mismo una vez muerto Franco. Es más, afirman que en virtud de la teoría de la «degradación del dominio conocido», esta desafectación se habría manido reforzada tras el incendio que devastó Meirás en 1978 y que lo convirtió en inservible hasta su restauración dos décadas posteriormente. Una vez perdida la demanialidad, el Pazo habría sido poseido por los Franco «con ajustado título» y en el plazo de diez primaveras habrían conseguido comprar la propiedad, argumentan los abogados de la grupo.

Indemnización de los gastos

Por postrer, se oponen radicalmente a la pretensión de la enjuiciador de desmentir a los Franco la cómputo del estado posesorio, esto es, la indemnización por los gastos sufragados desde que el Estado se desentendió de Meirás tras la crimen de Franco. Alegan que esta disposición es contraria a lo que establece el Código Civil, que resarce estos gastos para todos los poseedores, incluso los de mala fe, categoría en la que la enjuiciador sitúa a los herederos del dictador, que entre otros gastos asumieron la reconstrucción del Pazo tras el incendio de 1978. Estos gastos, denuncian los abogados en su vasto petición, ni siquiera fueron tenidos en cuenta por la enjuiciador de primera instancia.

Los abogados de los Franco insisten en que tanto la Jurisprudencia en su demanda como los miembros del comité de expertos reconocían la posesión de buena fe por parte de los herederos del dictador, y admitían que en caso de sentencia dispuesto para el Estado habría de liquidarse el estado posesorio para reparar los gastos en que se hubiera incurrido desde 1975. «Por meras razones de sentido global, carece de toda método y sentido afirmar» que Carmen Franco o sus hijos «eran conocedores en 1975 o en algún momento posterior y hasta la aniversario de presentación de la demanda de que la compraventa de 1941 adolecía del concreto vicio de inepto radical» que esgrimió la Jurisprudencia y asumió la enjuiciador Canales para imputar una posesión de mala fe y desmentir la cómputo del estado posesorio.

Por postrer, los abogados acusan al Estado de efectuar «de modo frontalmente contradictoria con sus propio actos anteriores» cuando reivindica la propiedad de un inmueble «por primera vez en el mes de julio de 2019, obviando y desconociendo que, durante como pequeño los 44 primaveras anteriores, ha reconcido y atribuido expresa y textualmente la condición de tal» a los herederos de Franco. A su pleito, no se explica que el Estado no haya reclamado la titularidad del Pazo hasta el pasado año, cuando pudo haberlo hecho desde la aparición de la democracia. «El Estado pudo perfectamente hacer equivaler su condición de propietario, instar la modificación del Registro y despreocuparse de registrar a los sucesores de Franco como propietarios del inmueble, tan pronto como se produjo el fallecimiento de éste en noviembre de 1975», argumentan, «pero no lo hizo porque, pura y simplemente, entendía o consideraba» que los herederos «eran los propietarios del Pazo de Meirás».

La sentencia de instancia afirmaba que «la posibilidad de articular la demanda nace de un importante estudio histórico y de un consenso social, conseguido tras muchos primaveras, que argumenta a una juicio de nuestro sistema tolerante». «El Estado tiene, no ya el derecho sino la obligación de reivindicar todo acertadamente de su propiedad que esté siendo indebidamente poseido por un ciudadano particular», replican los letrados de la grupo, «no podemos entender que la tardanza se justifica por la necesaria y previa gestación de un «consenso social»». «¿Se nos está diciendo casualidad que el Estado debe despreocuparse de ejercitar sus derechos o de cumplir sus obligaciones hasta tanto no se constate la gestación de un consenso social al meta?», inquiere.

La segunda ronda de la batalla judicial por Meirás acaba de aparecer.

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