Publicado: Vie, Noviembre 10, 2017
Global | By Iago Denis

Estados Unidos impuso sanciones a 10 funcionarios de Venezuela

Estados Unidos impuso sanciones a 10 funcionarios de Venezuela

"Vamos a mantener nuestros esfuerzos vigorosos para sancionar a funcionarios del gobierno venezolano que son cómplices en los intentos de Maduro para socavar la democracia, violando los derechos humanos, inhiben la libertad de expresión o de reunión pacífica, o participar en la corrupción pública, a menos que se rompen del régimen dictatorial de Maduro", dice el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, citado por el comunicado.

Como resultado, sigue el texto, "la oposición de ese país quedó desarticulada, partida entre los que, desde fuera de la Mesa de la Unidad Democrática (la que agrupaba a todos los inconformes con el gobierno), condenaron a ésta por sumarse al proceso; y desde dentro, quienes culpan de la derrota a la abstención y los que responsabilizan al órgano electoral".

Anticipó además que la elección presidencial del próximo año será regida por "el mismo" Consejo Nacional Electoral (CNE), se utilizarán "las mismas máquinas" de votación y "va a ser la misma Tibisay Lucena (presidenta del CNE) quien dirá quién ganó la Presidencia de la República".

Socorro Elizabeth Hernández: rectora del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral de Venezuela.

· Carlos Enrique Quintero - rector del Consejo Nacional Electoral.

El gobierno estadounidense ha impuesto sanciones contra docenas de funcionarios venezolanos desde que el gobierno de ese país orquestó la instalación de una Asamblea Constituyente en agosto con poderes prácticamente ilimitados.

· Julián Rodríguez- embajador en Italia.

Jorge Elieser Márquez Monsalve: ministro de la Presidencia de Venezuela y exdirector general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Freddy Alirio Bernal Rosales es el Ministro de Agricultura Urbana y encabeza el Centro Nacional de Comando y Control para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de distribución de alimentos administrado por el gobierno de Venezuela.

De acuerdo con el Tesoro, dicha asamblea "tendrá la facultad de reescribir la Constitución venezolana y podría optar por disolver las instituciones estatales de Venezuela".

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